Con la medida, el Estado boliviano espera recuperar más de Bs 3.200 millones y apoyar a los contribuyentes con deudas incumplidas hasta finales de 2024.
En un esfuerzo por reactivar el sistema tributario y ofrecer alivio fiscal a los contribuyentes en dificultades, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha anunciado la reanudación de las facilidades de pago (FAP) para deudas tributarias no cumplidas hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta medida, contemplada en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, permitirá al Estado recuperar una suma aproximada de Bs 3.214 millones hasta 2030, que serán coparticipados con los gobiernos autónomos municipales y universidades públicas.
La medida otorga un plazo de tres meses, hasta el 31 de marzo de 2025, para que los contribuyentes con FAP incumplidas puedan regularizar sus deudas. Durante este período, podrán continuar con el pago de sus cuotas en las mismas condiciones y beneficios previamente establecidos, incluso si las deudas se encuentran en ejecución tributaria.
El artículo 11 del PGE 2025 especifica que aquellos contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales y de la Aduana Nacional que reanuden sus pagos dentro del plazo establecido podrán aprovechar este beneficio. Además, los pagos parciales realizados antes del incumplimiento serán contabilizados como abonos a la deuda principal o a las multas pendientes. Este alivio también suspende la ejecución tributaria y los sumarios contravencionales que pudieran haberse iniciado por la Administración Tributaria.
Es importante destacar que en caso de un nuevo incumplimiento, las FAP reactivadas serán ejecutadas conforme a lo establecido por la Ley 2492, el Código Tributario Boliviano, y su Decreto Reglamentario, lo que implica que las medidas coactivas previamente suspendidas podrían ser reactivadas.
La razón detrás de esta medida es el menor dinamismo económico que afecta a los contribuyentes, muchos de los cuales no pueden cumplir con sus obligaciones tributarias debido a las dificultades actuales. Según lo establecido en el PGE 2025, el Gobierno tiene previsto recuperar Bs 339 millones en 2025, Bs 731 millones en 2026 y Bs 660 millones en 2027, con expectativas de continuar con la recuperación durante los años posteriores.
Este mecanismo, introducido por la Ley 1380 de 2021, surgió como respuesta a la crisis política de 2019 y la pandemia de COVID-19, cuando los contribuyentes enfrentaron dificultades para cumplir con sus pagos. La ley suspendió las medidas de ejecución tributaria y las multas derivadas de los incumplimientos, dando lugar a la posibilidad de reanudar las FAP en condiciones similares a las originales.
Con esta extensión de las facilidades de pago, el Gobierno no solo busca mejorar la recaudación, sino también aliviar la carga de aquellos contribuyentes que han enfrentado dificultades económicas, permitiéndoles regularizar sus deudas en un contexto económico más desafiante.
